La política desde Platón hasta nuestros días es la manifestación pública de las relaciones socio-económicas entre los individuos en un régimen de producción determinado. La política más que ciencia es el arte de conducir, regular y dirigir el comportamiento de un conglomerado de individuos con el propósito de influenciar, para bien o para mal, en su destino individual y colectivo. Para desarrollar esta tarea el Estado (Ideal) tiene que recurrir a civiles, que de acuerdo al dictamen democrático, monárquico o dictatorial, ejercerán durante un periodo cualquiera de tiempo, la función reguladora del sistema. Es decir, actuaran como el vínculo inmediato entre el ciudadano, el Estado y la clase socio-económica dominante, acelerando o frenando, según el caso concreto histórico, la dinámica político-social. Este equilibrio socio-económico estará sostenido y constituido por una red teórica y practica de reglas, llamadas leyes, que asegurarán la convivencia armónica y pacifica de dicha sociedad.
Hasta aquí lo platónico de Platón.
El materialismo histórico y dialectico de Carlos Marx y Federico Engels nos enseñó que la historia de las sociedades es la historia de la lucha de clases. Por lo tanto la República de Platón tampoco pudo haberse escapado de la dinámica dialéctica de las contradicciones antagónicas de clase.
Dado que la clase dominante no tiene ningún interés en perder el control (poder) de manera voluntaria sobre las fuerzas productivas y los medios de producción, el desarrollo de una situación carente de equidad, ecuanimidad y justicia entre los Hombres es inevitable o más bien, inherente al sistema vigente. Esta desigualdad será siempre la causa principal del surgimiento de revoluciones, pacificas o violentas.
El ente político es entonces el encargado de transmitir y defender los intereses de las clases en pugna, de participar directamente en la elaboración, aprobación, derogación y promulgación de leyes que legislaran el convivir de los ciudadanos.
Así como hay políticos de todos los colores y matices, también hay leyes y leyes.
La ley, nos dice Don José Hernández en la voz del gaucho Martin Fierro, es tela de araña, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos.
Hay leyes con carácter explosivo e implosivo, restrictivo y amplio, justo e injusto y neutralizador.
En América Latina, sobre todo en aquellos países donde gobernaron dictaduras militares o donde hubo guerra civil, como en El Salvador, aún están vigentes leyes como la Ley de Amnistía o la ley chilena Antiterrorista.
En el caso chileno, la ley de amnistía, decreto ley 2191, aprobada por la Junta Militar presidida por el dictador Pinochet , atenta contra los Derechos Humanos, ya que de hecho, quedó legalizada la impunidad de los crímenes de homicidios y secuestros, a favor de los agentes de Seguridad del Régimen militar, especialmente la ex-DINA.
En un informe de Amnistía Internacional en 1999 se lee que” …la incompatibilidad de las leyes de amnistía fue implícitamente reconocida por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada bajo auspicios de las Naciones Unidas en junio de 1993, en Viena. La Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, contiene una cláusula acorde a la cual: "los gobiernos deben derogar la legislación que favorezca la impunidad de los autores de violaciones graves de derechos humanos, como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las bases del imperio de la ley".
En el caso de El Salvador, la Ley de amnistía general para la consolidación de la paz, decreto Nº 486 de fecha 20 de marzo de 1993 fue producto de la negociación y de los acuerdos de paz firmados en Chapultepeque/México en 1992 por la guerrilla salvadoreña (FMLN) y el gobierno de ARENA presidido por Alfredo Félix Christiani.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no obstante recordó, que pese a la importancia que tuvo la Comisión de la Verdad para establecer los hechos relacionados con las violaciones más graves durante la guerra civil y para promover la reconciliación nacional, este tipo de Comisiones: "Tampoco sustituyen la obligación indelegable del Estado de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, de identificar a los responsables, de imponerles sanciones y de asegurar a la víctima una adecuada reparación (artículo 1(1) de la Convención Americana), todo dentro de la necesidad imperativa de combatir la impunidad."
¿A quien corresponde pues la derogación de estas leyes? Obviamente a los partidos y políticos de turno. Sin embargo, podemos constatar que en el caso chileno, la ley de amnistía continua vigente aún 32 años después de su promulgación, de los cuales, veinte transcurrieron bajo las banderas del gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia.
Algo similar parece estar sucediendo en El Salvador donde el gobierno del FMLN presidido por Mauricio Funes guarda silencio al respecto, pese a las exigencias de sectores políticos y privados de no dejar impune los crímenes cometidos por ambas partes durante el conflicto armado.
Entonces cuando la política se transforma en un oficio de rutina, en un cargo ministerial o comunal, pierde su carácter y contenido histórico. Deja de ser arte y se convierte en un modus vivendi.
Llegado este momento, el papel regulador del “político” entre los individuos, el Estado y las clases sociales se desvanece y se diluye en los intereses personales. Es cuando comienza un proceso de enajenación que puede conllevar al surgimiento de desviaciones político-ideológicas como las nomenclaturas, burocratización, acomodación, corrupción, nepotismo, oportunismo y luchas de poder intestinas.
En estas condiciones la avidez de poder, riquezas y honores, germina en tierra fértil y lo que ayer era una reivindicación justa hoy, por razones de Estado o de Partido, queda sepultada en los sótanos fríos y mal olientes de la historia.
Definitivamente la política no debe ser ni oficio ni negocio.
Roberto Herrera 22.07.2010
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